Iniciamos el año con ésta reflexión publicada el 10 de febrero en Diario La Nación, con autoría de Laura Rocha. Laura es redactora especializada en temas de Ciudad y Ambiente.
¿Cuándo será el día que la clase dirigente discuta y debata con los vecinos aquellos proyectos con los cuales sueñan con cambiarles la vida? ¿Se darán cuenta de que ahorrarán dinero y esfuerzo si los cambios trascendentales para la vida cotidiana se realizan con un relativo consenso social? Obviamente que nunca va a haber un 100% de acuerdo. No vivimos en el mundo ideal, pero cuando de proyectos ambientales y sustentables se trata, una de las variabales a tener en cuenta es el factor social en el que se desarrollan.
Hay veces que hasta parece una torpeza el modo en que se presentan trabajos y obras que cambiarán paisajes y formas de moverse. Un caso para analizar en estos días es el de la transformación que se piensa (y se ejecuta) para la 9 de Julio, en Buenos Aires. La instalación de un metrobús requiere el trasplante de 277 árboles con una edad promedio de 40 años. ¿Era necesario hacerlo? ¿Dónde serán relocalizados? ¿Por qué se traza un medio de transporte en superficie cuando corre por debajo de la avenida más ancha del mundo un subte que hace el mismo recorrido? Ya que se va a hacer semejante obra ¿por qué no se instala un tranvía eléctrico que genera menos emisiones y siempre contaminará menos que los colectivos?
Todas estas preguntas son las que los gobernantes y proyectistas deberían explicar a los vecinos. Sumadas, obviamente, al cuidado y el destino de los cientos de palos borracho, tipas y ceibos que se están corriendo de lugar.
¿Qué pasa que los vecinos sólo se enteran de lo que está pasando cuando salen a la noche y ven cómo empezaron a podar y trasplantar los árboles? ¿No es la ciudad de Buenos Aires uno de los distritos del país que ha instrumentado un proceso de descentralización? ¿Dónde están los gobiernos comunales discutiendo con los vecinos iniciativas de esta envergadura? ¿No es necesario una audiencia pública? ¿A cuántos expertos se consultó?
Como todas estas preguntas no fueron respondidas por los funcionarios antes de comenzar la obra, hoy los vecinos se han presentado a la justicia. Pero no debe ser la justicia la que canalice estos reclamos, a mi entender. En una democracia participativa, en pleno siglo XXI y en una metrópoli como Buenos Aires deberíamos haber aprendido ya que las megaobras sin consenso terminan costando más caras, en todo sentido. Es que no sólo importan las variaciones que una posible detención pueda causarle al fisco; el daño que se genera en el ambiente y en el patrimonio natural son irreparables una vez realizados.
Y para muestra sobra un botón: en la plaza Intendente Alvear, después de un año de haber parado la obra de extensión de la línea H, el propio gobierno porteño decidió dar marcha atrás con el proyecto y reponer la barranca. La estación y su localización las definirá la Legislatura. Mientras tanto, los árboles que se mudaron al Indoamericano ya no podrán volver. Eso sí, habrá que desembolsar otra millonada para que ese espacio verde vuelva a lucir como antes de las obras. Un verdadero disparate.
Foto: Noticias Urbanas
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